El PSOE ha anunciado que solicitará al Tribunal de Cuentas que fiscalice el pago de algo más de nueve millones de euros en préstamos que el Ayuntamiento de Jerez realizó a mediados del pasado mes de diciembre. La formación considera que el abono se realizó de manera “ilegal” ya que no contaba con crédito presupuestario para cubrir el importe.

Según el portavoz del grupo municipal del PSOE, José Antonio Díaz, el pago se realizó utilizando un “artificio ilegal” mediante “un pago en cuenta a sabiendas de que no disponían de crédito presupuestario”. En este sentido, sostiene que el gobierno municipal ordenó el pago y el interventor municipal “emitió un informe sin concluir en los términos establecidos por la Ley”.

Este informe forma parte de un acuerdo alcanzado en noviembre entre el Ministerio de Hacienda y el Ayuntamiento de Jerez para refinanciar buena parte de la deuda municipal. De este modo, se modificaron las condiciones de cinco operaciones crediticias que tiene el Consistorio en su pasivo por un importe que rondaba los 830 millones de euros para facilitar su devolución mediante cuotas anuales a menor importe. No en vano, si no se hubiera producido este acuerdo, que fue ofrecido por el Ministerio en abril del año pasado, el Ayuntamiento hubiera tenido que abonar unos 32,4 millones de euros antes de que acabara el pasado año, pero, finalmente, solo tuvo que pagar algo más de nueve —aunque el PSOE eleva la cifra a 10 millones—.

Sin embargo, y dado que en 2023 estaba prorrogado el presupuesto de 2022 (a día de hoy lo sigue estando, por cierto), no había consignación presupuestaria suficiente para cubrir este gasto, de ahí que el PSOE considere que la fórmula utilizada no cumple con la Ley de Haciendas Locales.

En el comunicado, el portavoz del PSOE le afea al ejecutivo del PP que sí hiciera una modificación presupuestaria para cubrir la totalidad del gasto de personal que tenía el Ayuntamiento hasta final de año utilizando el fondo de contingencia, una bolsa crediticia destinada para atender emergencias y pagos imprevistos, en lugar de buscar hueco en el presupuesto para este gasto financiero.

Díaz señaló en el comunicado: “Analizado toda la documentación del expediente administrativo, jurídica y técnicamente se constata que el gobierno municipal ha incumplido la Ley a sabiendas, quedando demostrado el artificio de traspasar el importe de 10 millones de euros de la cuenta operativa a la cuenta restringida”. “El gobierno municipal y los técnicos que han participado han sido conscientes en todo momento de que no disponían de crédito presupuestario”, agregó.

Díaz acusó al ejecutivo local de realizar en el Ayuntamiento un “continuo parcheo contable” ejemplificándolo en “el pago irregular de 10 millones de euros, el aumento del gasto de personal por encima de lo dispuesto en la Ley de Presupuestos, una gestión de personal arbitraria y discriminatoria y con reparto a destajo de productividades y gratificaciones, contratos menores a familiares y gente afín sin fiscalizar por el interventor, los impagos a las empresas proveedoras, el aumento de facturas en el cajón y la falta de presupuestos son los hitos que evidencian la nefasta gestión económica que va acompañada de la complicidad de informes tibios y que eluden las funciones de fiscalización establecidos en la Ley”.